Suspendida la expulsión de un nigeriano por los casos de ébola

En el último momento, el nigeriano Paul Edionseri ha evitado ser expulsado de España, al menos en los próximos días. La Dirección General de Policía ha decidido no realizar deportaciones a su país de origen por el riesgo de contagio de ébola, tanto a los inmigrantes como a los agentes que los acompañan.

Paul lleva en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche desde el pasado 27 de agosto. Este jueves era el día señalado para su expulsión, pero su abogado, Alfredo Arrien Paredes, presentó una orden internacional de protección, cuya admisión a trámite tendrá que estudiar el Ministerio de Interior en los próximos días. "Hay un 50% de posibilidades", reconoce Arrien.

Esta no es la única estrategia de la defensa para que se quede en España. También han presentado un nuevo recurso de apelación contra la orden de expulsión en la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

Si no consiguen una respuesta favorable, prtesentarán una demanda contencioso-administrativa, ya que entienden que su expulsión pone en riesgo su salud.

La paralización de la deportación da algo más de tiempo para presentar su defensa, aunque no sea mucho. "Hay vuelos cada 10 días", recuerdan, y no saben si se le enviará en el próximo. Mientras, Paul sigue en huelga de hambre en el CIE y asegura que la mantendrá "hasta que consiga la libertad", según indica su abogado.

El pasado 17 de agosto, la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores (Frontex) decidió no fletar vuelos a países donde se hayan dado casos de ébola. Una decisión que no adoptó el Ministerio de Interior español, que ha mantenido las expulsiones a estos países mientras se permitan los vuelos comerciales, aunque se analiza caso por caso.

15 años en España

Paul Edionseri lleva desde 1999 residiendo en España. Durante nueve años, tuvo diferentes trabajos, pero desde 2005 hasta 2012 no tuvo permiso de residencia por problemas administrativos. En 2011 cometió una estafa, por la que pasó un año en prisión preventiva y fue condenado a dos años de cárcel, por lo que se le puso en libertad.

Tras casi 15 años de residencia, el pasado 2 de julio llegó el decreto de expulsión, basado en que tiene antecedentes. Él lo recurrió, alegando arraigo laboral y familiar, dos de los aspectos que deben ser tomados en consideración antes de deportar a un residente de larga duración.

Paul tiene dos hijos nacidos en España, uno de menos de dos meses. Su familia vive con 430 euros que recibe por encontrarse en situación de desempleo y una ayuda de Cáritas. "Nos ha sorprendido la reacción del Juzgado de Zaragoza, ya que suele ser muy garantista en los casos de inmigrantes con menores a su cargo", subrayan desde el bufete que lleva su caso.